La prensa dominicana ha estado cargada de información concerniente a la enorme cantidad de personas que están recluidas en recintos carcelarios como presos preventivos.
Se desconoce qué proporción de esos preventivos cuenta con asistencia legal, sea privada o pública.
Lo mas notorio es, que los casos que obtienen sentencias con mayor agilidad, son los que cuentan con la asistencia de abogados privados, quienes hacen un gran esfuerzo para poder transitar por los vericuetos procesales de los expedientes que conciernen a su defendido.
En la República Dominicana existe la Oficina Nacional de Defensa Pública, cuya misión es prestar asistencia legal a quien lo solicite, tanto en la sede de la misma o en la del abogado de oficio de la localidad donde corresponda el caso, llenando un formulario que debe ser entregado en el local que ocupa la Defensa Pública del lugar donde se encuentre el proceso.

También puede obtenerse por mandato de un juez.
Parece ser que no es un servicio que se promueve entre los presidiarios y por ende, muchos lo ignoran.
Valdría la pena, que todos los jueces de instrucción, piensen en que sus sentencias contengan una cláusula de asignación o no, de abogados de oficio, según sea decidido por el prevenido.
Otro elemento a considerar sería, la utilización del nuevo recinto carcelario denominado Las Parras, donde existe más holgura para poder ir mejorando la salud y ambientación de los preventivos, salvo que exista un impedimento legal para hacerlo, debido al muy divulgado proceso legal que está ventilándose.
Me parece muy certera su sugerencia. Todo imputado debe tener derecho de defensa, y su caso debe ser agilizado. Esto es parte importante de una democracia sólida.
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