La prensa dominicana ha estado cargada de información concerniente a la enorme cantidad de personas que están recluidas en recintos carcelarios como presos preventivos. 

Se desconoce qué proporción de esos preventivos cuenta con asistencia legal, sea privada o pública.

Lo mas notorio es, que los casos que obtienen sentencias con mayor agilidad, son los que cuentan con la asistencia de abogados privados, quienes hacen un gran esfuerzo para poder transitar por los vericuetos procesales de los expedientes que conciernen a su defendido.

En la República Dominicana existe la Oficina Nacional de Defensa Pública, cuya misión es prestar asistencia legal a quien lo solicite, tanto en la sede de la misma o en la del abogado de oficio de la localidad donde corresponda el caso, llenando un formulario que debe ser entregado en el local que ocupa la Defensa Pública del lugar donde se encuentre el proceso.

También puede obtenerse por mandato de un juez.

Parece ser que no es un servicio que se promueve entre los presidiarios y por ende, muchos lo ignoran.

Valdría la pena, que todos los jueces de instrucción, piensen en que sus sentencias contengan una cláusula de asignación o no, de abogados de oficio, según sea decidido por el prevenido.

Otro elemento a considerar sería, la utilización del nuevo recinto carcelario denominado Las Parras, donde existe más holgura para poder ir mejorando la salud y ambientación de los preventivos, salvo que exista un impedimento legal para hacerlo, debido al muy divulgado proceso legal que está ventilándose.

(Publicado el septiembre 27, 2019 en Paliques en dos tiempos)

En los objetivos institucionales para la semana de la movilidad (termina el día 29) el Intrant lanza un listado de propósitos.

La propuesta al año 2030 contempla mejorar la conexión interna entre los municipios, desarrollar servicios de bicicletas, intervenciones a favor del peatón, modernizar el parque vehicular privado, renovar la flota de buses, la transformación del sistema informal de conchos a un sistema empresarial y realizar el proceso de deschatarrización.

Resumiendo: hacer lo que hay que hacer desde hace décadas.

No valdrán ya las campañas de concientización ni educación porque no han valido hasta ahora y en este punto, en el que cada año se suman más de 250,000 vehículos de motor al parque vehicular, habrá que tomar medidas con bastante más voluntad política que docente.

El tránsito en las ciudades ha colapsado y en las carreteras el número de accidentes mortales es de récord mundial.

Hace falta cambiar mucho y rápido.

Sacar las chatarras, por supuesto.

Pero también sacar vehículos en perfecto estado. (Es más fácil conseguir un préstamo para un carro que para montar un negocio y crear trabajo y riqueza).

Del transporte público, esa deuda que políticos y empresarios-sindicalistas tienen con el país, debe eliminarse todo lo que ha constituido una retranca económica y social.

Planes para peatonalizar algunas calles de Ciudad Colonial, zonas para bicicletas.

Todo ayuda, aunque no sea una solución integral porque todo empieza por cómo se trata al peatón.

Subir el carro a la acera o no respetar los pasos de cebra es algo tan cotidiano que ya no llama la atención.

Perdemos tiempo, dinero y salud.“

Para aprender a leer y escribir hay que pasar por nido, maternal, pre-kínder, kínder, pre-primaria y primaria.

Muchos analfabetos premiados con licencias para conducir vehículos de motor, otorgadas por candidatos sin pasar por el INTRANT, son unos criminales custodiados por «vigilantes de rutas» con garrotes, armas blancas y armas de fuego.

Las leyes de tránsito no se hacen respetar. Las disposiciones existen y su aplicación se pospone hasta que Marte, Hubieres, Cambita y otros caciques deseen.

Por eso, algunos «acelerados» catalogan a la República Dominicana como jungla, lo cual no compartimos, ya que los seres vivos de una zona selvática tienen sus propias reglas que todos las respetan y se respetan entre si.