Con el apasionante estilo de Diario Libre para poner sus artículos de opinión en manos de sus lectores, en su edición del 23 de junio de 2022, nos regala un editorial titulado «Excesos de los legisladores» que expresa lo siguiente:
«Intencionalmente o no, en varios proyectos de ley presentados y algunos ya aprobados por una de las dos cámaras legislativas, subyace una tendencia a coartar la libertad de expresión y de información. Se trata de derechos irrenunciables del ciudadano y que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia en una democracia, en un estado de derecho.
Así lo interpretan diferentes instituciones periodísticas, jurídicas y de la sociedad civil que asisten alarmadas a estos intentos de coartar libertades que ya se daban por asentadas en el país pero cuya integridad hay que vigilar cada día.
Preocupa también que el Poder Legislativo y el Ejecutivo estén invadiendo campos ya definidos en sentencias del Tribunal Constitucional.
Los legisladores están excediendo sus atribuciones y parecen caer en una “inflación legislativa” interesada. Legislan sobre delitos ya tipificados en otras leyes o contravienen sentencias de la máxima autoridad en materia judicial.
En algunos casos, han señalado reputados abogados, privilegian a las personas que ocupan posiciones públicas por encima de los demás ciudadanos».
La historia dominicana está llena de capítulos semejantes y por eso, hoy nos atrevemos a decir qué, equivocarse no es difícil en un país con tantos arrastres privilegiativos.
Pero no se trata de una equivocación como lo define la RAE.
No se trata de un desacierto.
Es algo fríamente calculado.
El Congreso Nacional, aunque está integrado por un alto porcentaje de entes con agigantados desajustes emocionales, tambien cuenta con asesores, que si no son capaces de advertir a muchos practicantes del tejemaneje, entonces son cómplices de ese tipo de vagabundería.
Los elefantes nunca olvidan 