Repasar la historia reciente de cualquier nación, pero especialmente de la República Dominicana, es un tema muy delicado.

Las decisiones, en la tierra de uno de los primeros en ser víctima de un cambio de nombres o transformaciones en su personalidad, sigue igual hoy en día.

Basta con recordar que al cacique Guarocuya o Huarocuya, a quien le corría por sus venas esa sangre taína que lo inmortaliza, lo transformaron en Enrique Bejo y lo apodaron Enriquillo con un deliberado propósito y así se ha quedado.

Siempre estarán sujetas a esos cambios que hacen transformar las paginas que se han escrito, sea por una sentencia de un tribunal o por una decisión simple de cualquier mortal interesado.

Lo que se puede decir hasta hoy, sobre muchos casos vistos y oídos en el debate nacional, está sujeto a que mañana empiece a bailotear en ese tipo de opinión pública que se mueve, fundamentalmente,  por intereses de ciertos sectores políticos y económicos.

En febrero de 2021, por ejemplo, la prensa nacional destacó la presencia de un ex administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana en la Procuraduría General de la República.

Se divulgó que fue llamado para ofrecer declaraciones vinculadas a la gestión de un ex ministro de Hacienda.

No se ha sabido si el mencionado señor, además de lo dicho, fue interrogado sobre su supuesta participación en uno de los actos de corrupción mas sonoros que se empezaron a investigar al término de la gestión 1996-2000.

Se recuerda que un grupo de funcionarios de esa época fue sometido a la justicia por ser considerado responsables de una presunta estafa al Estado por DOP1,427 millones en el manejo del caso vinculado al Programa de Empleos Mínimo Eventuales (PEME) y Programa de Acción Barrial (PRODABA).

Un expresidente que tiene mucho dinero como para soportar cualquier tipo de gasto por gestiones proselitistas, pero necesita de pruebas fácticas para demostrar su alegada pobreza, debe tener suficiente responsabilidad para rebatir muchas cosas que generan noticias como las que reporta el diario Hoy del 24 de mayo de 2022:

“La defensa del coronel Carlos Piccini Núñez solicitó ayer al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictar sentencia absolutoria a favor de su defendido, afirmando que el Ministerio Público no pudo probar la supuesta participación de su cliente, como beneficiario de parte de los US$3.5 millones de sobornos en el caso de los US$3.4 millones que pagó la empresa Embraer en ocasión de la compra de los aviones Super Tucano que le hizo el Estado dominicano en el 2007.

Al finalizar sus conclusiones en el juicio de fondo que se le sigue a Piccini Núñez y otros implicados en el caso, el abogado Alejandro Tejada dijo que el MP excluyó las pruebas enviadas por la República Federativa del Uruguay, donde aseguró, existen las pruebas de la recepción de US$3,420,000 y su posterior destino.

«De haber sido aportadas, esas pruebas hubiesen excluido al señor Carlos Ramón Piccini Núñez de la acusación inicial, y señalado a los funcionarios públicos no militares, de haber recibido el supuesto soborno..”

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